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Todo
comenzó mucho antes, allá por 1902, con motivo del declive económico
que sufrió la ría en el siglo XVIII, los
ayuntamientos de Vilagarcía y Carril
decidieron donar Cortegada al rey Alfonso
XIII como lugar para su residencia de verano
y así revitalizar la economía de la ría.
Éste era el
planteamiento que, sin embargo, no culminaría hasta 1910. El
10 de julio de aquel año, la comisión organizada a tal fin
otorga la escritura de donación definitiva al rey. Nombres
como los del industrial Daniel Poyán o Teodosio González,
presidente de la Cámara de Comercio, están al frente de la
iniciativa. El documento que se firma entonces no es, sin
embargo, el primero que se propone. Existe una escritura
anterior condicionada -puesto que la operación se reviste de
un marcado interés económico, esto exige la construcción
del palacio y el mantenimiento de la propiedad en manos de la
Casa Real como puntos imprescindibles- que Alfonso XIII
rechaza.
El monarca, lógicamente,
quiere una donación pura, y entre 1908 y 1910 se otorgan
alrededor de doscientas escrituras notariales. La superficie
de la isla se divide nada menos que en 1.244 fincas, que
pertenecen a 800 propietarios distintos. En ella siguen
habitando 16 familias, a las que el mundo se les viene encima.
No hay nada que hacer. La cesión concluye, y ellos, a la
calle. O a Carril. Aunque no todo debió de hacerse
correctamente, puesto que el notario que interviene en el
levantamiento de las actas, José Barreiro, reclama cuatro años
después el cobro de 28.000 pesetas de las de entonces, en
concepto de honorarios impagados. Al final, la compra asciende
a no menos de 40.000 duros.
Poco más hay que añadir
hasta los años setenta, salvo el hecho de que el palacio,
diseñado por el arquitecto Ripollés, jamás dará un paso más
allá de los planos.
Don Juan de Borbón
y Battenberg hereda la isla de su padre, Alfonso XIII. Pero, a
diferencia de lo ocurrido con los palacios de la Magdalena, en
Santander, y Miramar, en San Sebastián, que son cedidos a sus
respectivos ayuntamientos tras un acuerdo económico,
Cortegada continúa formando parte del patrimonio real. Hasta
el 6 de noviembre de 1978, fecha en la que es vendida a la
sociedad Cortegada S. A. por 60 millones de pesetas.
En abril de 1979, el
constructor compostelano José Otero Núñez, consejero de la
firma inmobiliaria, presenta en el Concello de Vilagarcía un
proyecto de urbanización que levanta un notable revuelo. El
documento pretende construir doce bloques de apartamentos, 75
viviendas unifamiliares y un hotel de lujo, además de
reservar 30.000 metros cuadrados en los que levantar el
ansiado palacio a Don Juan.
La coartada
palaciega es recurrentemente utilizada por los nuevos
propietarios para justificar la operación. «Es una cosa de
cinco amigos, que decidimos comprarle parte de la isla para
que pudiera desenvolverse la construcción del palacio», señala
el abogado Ramón Pais, cofundador de la sociedad y asesor jurídico
de varias entidades bancarias, entre ellas la Caja de Ahorros
de Santiago.
El caso es que
Cortegada S. A. no inscribe la isla en el registro de Cambados
hasta octubre de 1979, y no da de alta la razón social en A
Coruña hasta julio del mismo año. Es decir, en ambos casos
con posterioridad a la presentación del proyecto de
urbanización. Es, más, entretanto se presentan dos demandas
judiciales. La primera la encabeza Fernando García, vecino de
Vilagarcía, y la defiende el abogado Benito García
Dorgambide, con Gonzalo Bouza Brey como procurador. Su
argumentación es clara: documental y formalmente la donación
a Alfonso XIII fue incondicionada, pero la intención de los
donantes era transparente; construir el palacio y que
Cortegada siguiese bajo la titularidad real. Como quiera que
tales objetivos no se han cumplido, existiría un imperativo
moral que exigía la devolución de la isla al pueblo.
La casa de A
Golpilleira, por otra parte, quiere hacer valer el foro que
pendía sobre las fincas ahora cedidas, y que data de 1840. En
la redención de tal foro, se especifica claramente que «si
dejase algún día de pertenecer a la Corona de España, es su
voluntad que los herederos de esta casa reivindiquen el
dominio».
Movilización
popular
Entretanto se genera
una notable movilización popular. La asociación de vecinos
de Carril, presidida por el abogado, sociólogo y más tarde
concejal socialista, Carlos Berride, pone al pueblo en pie.
Muy críticos con el alcalde, José Luis Nogueira, dudan de
las intenciones del proyecto y llaman la atención sobre el
hecho de que sólo la madera existente en Cortegada vale más
que los 60 millones de pesetas en los que se sustentó la
venta de la isla.
Así, entre
trompicones, llega el convenio urbanístico con el
Ayuntamiento, que rubrica, en 1982, el alcalde Recuna. Aquel
plan, que nunca salió adelante, preveía la construcción de
un puente que hubiese afectado a los parques de almeja, un
hotel de 5 estrellas y otro de 3, un gran auditorio, campos de
golf y tiro, canchas de tenis, apartamentos, chalés y puerto
deportivo, residencias colectivas, una carretera perimetral,
una gran área comercial y un estadio. Una operación de
11.000 millones para albergar a una población flotante de al
menos 4.000 personas. Auguraban los promotores que en 1992,
con la autopista entre Santiago y Pontevedra, Carril distaría
10 minutos de la capital gallega. Sus pronósticos fallaron.
Los
defensores de su riqueza natural y paisajística
consiguieron frenar su actuación, y en el año
2002 se incluyó en el Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia.
El 30 de
agosto de 2007, cuando fue expropiada por la
Xunta de Galicia tras el pago de un
justiprecio de 1,8 millones de euros, la
isla volvió definitivamente a ser de
dominio público.
Finalmente, en septiembre de 2007 La Xunta
de Galicia en un acto realizado en el
"gato negro" de carril, hizo pública la noticia de
que cortegada era devuelta al pueblo.
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